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Spanish justice is different

07/11/2015

Directiva 1999/70/CE (16 años y sigue sin ser aplicada)


El Estado español viene oponiéndose con numantina resistencia a la aplicación de la Directiva 1999/70/CE. El motivo es que la dichosa Directiva parece venir a socavar los mismísimos cimientos del sistema español de Función Pública.

Pese recientes amonestaciones de la Comisión Europea Continúan ignorando el ordenamiento jurídico europeo ya suenan las trompetas que anuncian que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) va a tomar cartas en el asunto.

En Andalucía, esta pasada primavera más de 150 jueces sustitutos o magistrados suplentes  han demandado al Ministerio de Justicia por considerar contrarios al ordenamiento jurídico europeo sus reiterados contratos de duración determinada sin que ese Ministerio hubiera regularizado sus vínculos con la Administración de Justicia haciéndolos fijos o indefinidos.

Estos jueces ven sobrados fundamentos jurídicos para reclamar :

1) Que se les reconozca la condición de empleados públicos fijos, en régimen de igualdad con los jueces y magistrados de carrera, en aplicación de la Directiva 1999/70/CE y del Acuerdo Marco

2) Que se declare contraria a la Directiva 1999/70/CE, y al Acuerdo Marco, la discriminación existente, entre el colectivo de los jueces y magistrados de carrera y el de los magistrados suplentes y jueces sustitutos

3) Que se les abonen todas las retribuciones y los complementos atrasados, en idénticas condiciones y cuantías que los percibidos por los jueces y magistrados de carrera y por todo el periodo de sus nombramientos, y no solo por los días en los que ha sido llamado

4) Que se les de alta en Seguridad Social durante todo el nombramiento en sus cargos, y no únicamente los días que ha sido llamada para el desempeño de funciones

5) Que se tengan por no puestas y se dejen sin efecto todas las discriminaciones existentes entre los derechos reconocidos a los magistrados de carrera y los que se asignan a los magistrados suplentes y jueces sustitutos

6) y en todo caso, se condene a la Administración demandada a reparar los daños e indemnizar los perjuicios que la conducta contraria a la Directiva comunitaria 1999/70 ha causado y sigue causando (…), incluyendo los salarios, sueldos y complementos dejados de percibir

Estas demandas de los jueces trasladadas a la Administración educativa, suponen un fortísimo espaldarazo a futuribles acciones legales mediante las cuales los docentes interinos de las distintas Administraciones educativas nacionales, podrían exigir su derecho a ser nombrados personal FIJO o INDEFINIDO tras sucesivos contratos a lo largo de determinado número de años (¿tres?) o a que en la COLOCACIÓN DE EFECTIVOS PROVISIONALES de cada año los funcionarios interinos no pidan destino necesariamente detrás de los funcionarios de carrera sino en función de los méritos alegados.

Hondamente decepcionante nos resulta el hermético mutismo de nuestros sindicatos, esos que dicen representar nuestros intereses pero callan, cuando no desinforman.

Tanta oposición y renuencia a la aplicación del derecho de la Unión nos invita a pensar que nuestros gobernantes no eran del todo conscientes de lo que firmaban cuando ratificaron la Directiva 1999/70/CE. Sólo así se pueden explicar los dieciséis años que llevan metiendo palos entre las ruedas a su correcta y más irrestricta aplicación: que trienios primero y después sexenios hayan tenido que ser ganados por la vía judicial.

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Estatuto del Empleado Público (Vulnerado sistemáticamente)


En el Estatuto Básico del Empleado Público solo está previsto el uso de las interinidades por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. El Estatuto habla, en todo caso, de sustituciones coyunturales y de carácter temporal.Sin embargo, es muy habitual contratar personal interino para atender necesidades que en realidad no tienen carácter temporal sino que responden a necesidades permanentes y estructurales.

La administración ha utilizado de forma abusiva la renovación de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada para atender necesidades que en realidad no tienen carácter temporal.

Al utilizar durante años a personal interino para ocupar estos puestos la administración implícitamente está reconociendo su competencia para el desempeño de la profesión, así como su capacidad y mérito para ejercer dignamente y con responsabilidad su actividad profesional.

Fijos e interinos, ¿No desempeñan el mismo trabajo? Por supuesto que sí, pero teniendo en cuenta que, al ser siempre los ”últimos de la fila”, los docentes interinos han contribuido como el que más al mantenimiento de un sistema educativo de calidad.

Miles de profesores en su día fueron contratados teóricamente para solucionar problemas de corto plazo. La realidad ha demostrado que se trataba de una patraña para precarizar el empleo y abusar de las condiciones de trabajo.

Cuando unos puestos de trabajo que deberían existir “por razones de necesidad y urgencia” y “de forma transitoria y temporal” se mantienen durante años desvirtuando su finalidad, la única solución digna, coherente, lógica y justa a este problema consiste en la contratación laboral indefinida de estos funcionarios interinos o, en su caso, al acceso automático a la función pública, sin más requisito que haber pasado el periodo de prueba que se exige a cualquier profesional en el mercado de trabajo. Ese período de prueba ya lo ha superado con creces la práctica totalidad de los actuales funcionarios interinos.

Un interino es una persona que pasa años de su vida sin ningún tipo de estabilidad y sin ningún tipo de dignidad laboral. Y estos profesores trashumantes contrastan con la situación de los profesores de la concertada que han entrado a trabajar de aquella manera. ¡ Y ya es el colmo si los comparamos con los catequistas de la “asignatura” de religión !

DignidadEl trato que se les da a los docentes (fijos e interinos) refleja la importancia que el país le da a la educación.

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