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El fraude seguirá siendo la tónica habitual

30/05/2017

La Comisión de Presupuestos aclara(¡?) la situación de los empleados públicos temporales


El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado con fecha de 29 de mayo el Dictamen emitido por la Comisión de Presupuestos, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Los tres párrafos del polémico artículo 19.2 han quedado del siguiente modo:

1) El primer párrafo del artículo 19.2 se destina a recordarnos que en el ámbito de las administraciones públicas las vinculaciones de carácter temporal siempre serán una excepción.

2) En el segundo párrafo y por lo que que respecta al personal laboral el artículo parece dejar claro que la duración límite de tres años del contrato laboral temporal solo se aplica a la modalidad de obra o servicio determinado. En sentido contrario esto supone que el límite de los tres años no se aplicará a los contratos de interinidad, sean en sustitución o en vacante. El efecto práctico será el mantenimiento de la situación actual, incluido el abuso en la contratación temporal y el constante incumplimiento del art. 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público en cuanto la límite para cubrir las plazas vacantes en un máximo de tres años.

3) El último párrafo del artículo 19.2 regula los nombramientos y mantiene la prohibición de que los nombramientos de personal estatutario y funcionario supere los tres años. Ahora bien, el mismo artículo establece que el límite de los 3 años no se aplicará a los nombramientos efectuados en una plaza vacante en tanto la misma se cubre con cargo a oferta de empleo público o en sustitución transitoria de titulares con reserva de puesto o con jornada reducida. Eliminando de la ecuación a los nombramientos de interinidad en vacante y de sustitución, todo parece indicar que para el personal funcionario solo se tendrían en cuenta los nombramientos para”La ejecución de programas de carácter temporal” y “El exceso o acumulación de tareas”.

En esta tesitura, y siempre y cuando no se vuelva a modificar el art. 19.2, la vía judicial sigue siendo la mejor alternativa para los empleados públicos pues la estabilidad será una quimera mientras un/a Juez no dicte sentencia.

Las administraciones públicas han incumplido de forma sistemática la normativa relativa a la contratación temporal, abusando de estas vinculaciones para cubrir necesidades estables y permanentes. Y todo parece indicar que van a seguir haciéndolo. Frente a la actuación fraudulenta de la Administración el cauce siempre será la vía judicial.

nexolaboral.com

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