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La vergonzosa e insostenible situación de los interinos

11/05/2018

JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA EL PERSONAL INTERINO


La situación de más de 700000 (insisto: 700000 en toda España) interinos longevos (los que han superado todos los plazos máximos que marca la Ley para ocupar una plaza que no han podido ganar en propiedad) es culpa de la Administración, que debería ser garante de la Ley, y de los sindicatos “del Régimen” (CCOO, UGT y CSIF).

Por la desidia culpable a la hora de gestionar los recursos públicos, nos han mantenido años en una situación que, también desde Europa, se denuncia como fraudulenta e intolerable. Administraciones (de todos los colores) y sindicatos apesebrados han decidido no preocuparse más por nosotros, empleados públicos, que estamos sufriendo esta situación de precariedad sostenida, perenne, eterna. Efectivamente, somos “putos interinos”.

Poco les importa que a esta situación de interinidad hayamos accedido a través de procesos legales, públicos, perfectamente definidos y respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Lo que ocurre es que todos estos procesos, los que conducían a las bolsas de interinos, NO han sido una oposición como todos entendemos que debe ser. Pero es que las Administraciones NO han convocado oposiciones suficientes ni con la periodicidad adecuada (para algún Cuerpo no se han convocado jamás): era mucho más barato contratar en precario: ¡somos mucho más calladitos, dónde va a parar!

Poco tiene que ver también que hayamos desempeñado (calladitos y sin protestar, tal y como se esperaba de nosotros) con eficacia y eficiencia el trabajo que debíamos hacer. Y, en muchos casos, el trabajo que ningún otro compañero ¿? quería para sí mismo. Porque hemos sido empleados públicos… pero de segunda.

Algún sindicato, que miente si pretende ser obrero, ha publicado un panfleto en el que insiste muchísimo en que los procesos de consolidación deben ser extraordinarios. ¡Qué falso se nos ha cebado este sindicato! Porque, primero, no hay ninguna ley que diga que la consolidación o los concursos de méritos sean ilegales -todo lo contrario-, o que sean irrepetibles -de hecho, han venido celebrándose desde hace décadas-. Y porque, segundo, no nos hemos levantado esta mañana los interinos a pedir caprichosamente una consolidación, no ha sido un antojo. En absoluto.

Nos hemos levantado a exigir que se nos reconozca el fraude de ley en el que estamos contratados, nos hemos levantado a denunciar la precariedad de nuestro trabajo de años, nos hemos levantado dispuestos a hacer notar los compromisos familiares y de vida que hemos podido enraizar a pesar de todo, nos hemos levantado a decir ¡basta ya! al desprecio y la falta de consideración de Administraciones, sindicatos (y hasta “compañeros”).

Así, con todos los temores que nos permite nuestra precariedad, nos hemos lanzado a denunciar a la opinión pública, a los medios, a los tribunales, a los grupos políticos y a Europa nuestra vergonzosa e insostenible situación.

¿Qué han hecho Gobierno y sindicatos del régimen por nosotros? ¿No defendían los sindicatos a la parte más débil? ¿No es responsabilidad de la Administración garantizar que se cumpla la Ley y toda la Ley? Pues parece que no. Lo que han hecho es firmar sendos acuerdos por la “estabilidad” que, realmente, por no reconocernos el fraude de ley y por no reconocernos nuestros derechos adquiridos con todos estos años de trabajo, nos colocan, a todos nosotros, frente a un gigantesco ERE, condenados al corredor de la muerte del cese, después de décadas trabajando. ¿Consolidan plazas estos acuerdos? Sí, pero ¿es que las personas no vamos a importar nunca?

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El Acuerdo “por la mejora del empleo público” firmado en 2017 entre gobierno, CC00, UGT y CSIF, obliga a sacar a oposición todas las plazas ocupadas en los últimos tres años por el personal temporal de las Administraciones Públicas. Con ello pretenden reducir la alta temporalidad como la Unión Europea le exige desde hace 17 años, en cumplimiento de la Directiva Europea 1999/79/CE, so pena de pagar una multa de 100 millones de euros.

Esta convocatoria de oposiciones “masivas”, sin poner sobre la mesa como condición previa, la exigencia de garantizar los derechos laborales de quienes ya estamos dentro de la administración, es una nueva traición por parte de los sindicatos firmantes que nos utilizan como moneda de cambio ante el Gobierno para mantener su propia estructura sindical mediante subvenciones, liberados y cursos de formación.

El acuerdo es un lavado de cara para ocultar el hecho de que si hay miles de empleados públicos en fraude de ley, es porque los distintos gobiernos incumplieron durante años sus propias leyes y normas y no sacaron las ofertas públicas de empleo (OPE) necesarias ni suficientes plazas.

Es un “ERE encubierto” que va a sustituir a unos trabajadores por otros “más baratos” Hablan de “estabilizar” 250.000 plazas, cuando los mismos sindicatos reconocen que actualmente existen unos 700.000 temporales en la Administración. Quienes no podamos presentarnos o no aprobemos, vamos a la calle por muchos años que llevemos trabajando.

Por nuestro derecho a la estabilidad

 Por este motivo, somos cada vez más los que nos organizamos para exigir la consolidación de nuestra situación laboral en base a un concurso de méritos basado en el cómputo de la antigüedad. Algo posible y legal en base al artículo 61. 6 del EBEP en situaciones excepcionales como ésta, donde necesitan bajar la temporalidad al 8% en tres años, para eludir la multa de Europa.

¡No al Acuerdazo! ¡No al ERE encubierto en la Administración Pública!

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