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Interinos desamparados

13/05/2018

Los humanos, en nuestra vida cotidiana, necesitamos seguridades, que nos aporten la estabilidad y una vida equilibrada. La incertidumbre crea estados de ansiedad que repercuten en la salud. Todo esto viene a cuento de la situación de indefensión en que se encuentran entre 700.000 y 900.000 mil empleados públicos en nuestro país, interinos cuya situación legal es estar en fraude con la ley.

No se han convocado plazas en el momento en que la ley lo exigía, por lo que ha dado lugar a un aumento de trabajadores temporales. El Tribunal de Justicia de la UE, ha reconocido que los distintos gobiernos, nacionales y autonómicos, vienen   realizando durante años “contratos en fraude de ley ”, al encadenar nombramientos, contratos o relaciones labores de duración determinada para cubrir necesidades que realmente son de carácter estructural y permanente, incumpliendo lo establecido en las cláusulas 4 y 5 de la directiva 1999/70/CE sobre trabajo de duración determinada.

Ante la necesidad de regularidad esta alta tasa de interinidad, y al amparo del acuerdo para la mejora de empleo público de 29 de marzo, firmado por el Gobierno y los sindicatos UGT. CCOO y CSIF, sin consultar a sus bases y a través de la habilitación del Art. 19 de los PGE de 2017, pretenden convocar todas las plazas que hayan sido ocupadas durante 3 años por personal temporal, es decir, aquellas plazas en situación irregular, no reconociendo el fraude de ley y no asumiendo la responsabilidad por haber abusado de los trabajadores, que han sido castigados por la temporabilidad  sin que se aprobaran las correspondientes  convocatorias  que  les  permitieran acceder a las plazas que ocupaban durante años (5, 10,  15, 20 y 25 años incluso).

Esta actuación es, en la práctica, un ERE encubierto que pretende sustituir a los trabajadores más baratos y supone un ataque y una vulneración de los derechos básicos de los trabajadores, como es su derecho a la estabilización.

Por todo lo expuesto, debemos exigir el reconocimiento de oficio por la Administración del Fraude de Ley de todos los empleados públicos, ya sean funcionarios interinos, laborales temporales o estatutarios eventuales, temporales, que llevan más de 24 meses contratados dentro de un periodo de 30, tal y como ocurre con los indefinidos no fijos. La paralización de las ofertas de empleo y las convocatorias de oposiciones que incluyen “plazas de estabilización ”. Y la aprobación de una Ley Orgánica de carácter transversal para la aplicación del Art.61.6 del TREBEP a todos los empleados públicos temporales afectados, con independencia de su distinta regulación legal, que permita introducir las modificaciones necesarias para habilitar un proceso de regularización mediante un concurso de méritos basado en el cómputo de antigüedad como único mérito objetivo de valoración.

Esta situación de injusticia admitida y mantenida por el Gobierno debe ser subsanada a la mayor brevedad posible en aras de unos servicios públicos de calidad. y de aquellos que día a día nos facilitan la solución y tramitación de nuestros problemas.

Ana Castañer

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